Coparticipación y regalías. Soria advierte judicialización

(ADN).- La intendenta de Roca, María Emilia Soria, se pronunció sobre los cambios en el reparto de coparticipación y regalías hidrocarburíferas que promueve el gobierno provincial. Se mostró a favor de revisar el sistema pero pidió «transparentar» el debate, criticó el Censo 2022, reclamó agregar más vectores al análisis y advirtió que, de lo contrario, los municipios terminarán judicializando la ley.

“Es un proyecto incipiente (lo aclaró el mismísimo gobernador) y estoy de acuerdo con dos de los tres puntos que se discuten”, manifestó la jefa comunal. Lo hizo en diálogo con el sitio Literal. Su palabra era esperada por otros intendentes, especialmente los de signo peronista, ya que la dirigente se erige como candidata a gobernadora.

Soria especificó que coincide con el mecanismo planteado en la ley provincial, que establece que un 20% de la masa coparticipable se reparta en partes iguales entre todos los municipios y otro 40% se distribuya en función del crecimiento demográfico de las ciudades.

Sin embargo, en este último punto expresó su rechazo a que se utilicen los datos del último censo como variable de cálculo. “Todos los intendentes dijimos que no estábamos de acuerdo con el resultado del censo. Fue un censo que se llevó a cabo sin siquiera pedir el auxilio o el acompañamiento de los municipios. Fue un desastre y claramente no refleja el crecimiento demográfico de la ciudad de General Roca”, comentó.

Al respecto, propuso incorporar otros parámetros que permitan medir la evolución de las ciudades, como el padrón electoral, la matrícula escolar o la cantidad de medidores de servicios públicos. “Herramientas hay montones y estoy dispuesta a que se discuta eso, porque yo -como muchos intendentes- no estoy de acuerdo con el resultado de ese Censo”, agregó.

Así, atacó la base de cálculo, un argumento que esgrimieron muchos jefes comunales de la oposición, pero también del oficialismo (como los de Viedma y Choele Choel). En ese sentido, además, se pronunció el vicegobernador Pedro Pesatti.

No obstante, donde sí marcó mayores discrepancias es en el restante 40%, que se define en función de la recaudación de cada localidad. Sobre esta discusión pidió que se incorporen otras variables, como los niveles de actividad económica, patentamientos, etc.

“Son ponderaciones que quiero creer que vamos a analizar y transparentar. Roca es la ciudad que más consume electricidad de la provincia, dicho por la misma Secretaría de Energía. Entonces, ¿cómo puede ser que ese número no se contrarreste con el movimiento que genera Ingresos Brutos?«, se interrogó.

Soria colocó de ejemplo otras disparidades, como lo sucedido con empresas radicadas en una determinada ciudad, pero que cuentan con actividad productiva en casi toda la región. «Una empresa como Kleppe está radicada en Cipolletti, pero comercializa fruta hasta de Regina. Y vemos el daño que le ha generado esta discusión a Regina, que aparece como uno de los grandes perdedores”, mencionó.

Asimismo, señaló que espera que el índice pueda discutirse con mayor profundidad. En ese sentido, también hizo referencia al ranking de las ciudades con mayores aumento en los niveles de coparticipación, donde Cipolletti aparece ampliamente beneficiada.

“Aparentemente el gran ganador de todo esto es Cipolletti. No quiero ser mal pensada, pero me siento un poquito discriminada. Quiero creer que ese punto lo vamos a analizar con números sobre la mesa, no ponderando solamente una ciudad porque nos gusta. En ese punto hay que analizar todo: patentamientos, actividad comercial”, insistió.

Regalías

En el caso del reparto de las regalías, la provincia busca modificar el esquema vigente desde 2004 para adecuarlo a la actual realidad productiva del sector hidrocarburífero. La propuesta oficial propone zonificar en cuatro áreas productoras e incorporar a las localidades de Mainqué, Huergo, Godoy, Regina y Chichinales, lo que elevaría a 14 el total de municipios reconocidos como productores.

El nuevo índice se estructuraría sobre dos variables principales. Por un lado, el componente de producción–distancia, que contempla la producción acumulada del año anterior e incorpora la incidencia indirecta en municipios ubicados hasta 100 kilómetros de las zonas productoras, con una distribución inversamente proporcional a la distancia. Por otro, el criterio de pozos en ejido municipal, que mide la incidencia directa de la actividad y pondera en un 70% los pozos en producción y en un 30% aquellos sin producción dentro de cada jurisdicción.

En ese escenario, de acuerdo con las estimaciones oficiales, ciudades como Catriel y Roca serían las que más recursos perderían dentro del nuevo esquema.

“Es un tema donde el consenso va a ser mucho más difícil de lograr. ¿Por qué? Porque hay muchos conceptos que ponderan a una ciudad sobre otra que no están transparentados”, advirtió Soria.

La intendenta reconoció el derecho de las ciudades del Alto Valle este a ser incorporadas en la repartición de regalías, aunque planteó dudas respecto de los límites que se utilicen para medir la incidencia de la actividad. “Es cierto que hay que sumar municipios, por supuesto que hay que sumar municipios. Pero hay montones de regalías y de pozos que están fuera de los ejidos”, mencionó.

En ese punto volvió a referirse al debate sobre los ejidos colindantes -una discusión que el Gobierno provincial busca saldar con la nueva propuesta- y señaló, a modo de ejemplo, que el municipio de Roca presta servicios en sectores que se encuentran fuera de su jurisdicción.

“Un intendente, durante una discusión en la Legislatura, mencionó en un momento dado contar desde la plaza del pueblo, 200 metros o 100 metros. Nosotros la plaza más extrema que tenemos es el Playón, en Quinta 25 Norte. ¿De ahí para arriba contamos?”, se preguntó con tono irónico.

Soria evitó profundizar demasiado en la discusión, aunque advirtió que la nueva distribución generará “grandes perdedores y grandes ganadores” entre los municipios. En ese contexto, reclamó que el debate se dé con claridad y con información transparente para evitar conflictos posteriores.

“Creo que hay que buscar generar transparencia. Si no, de lo contrario no va a haber consenso y vamos a terminar todos judicializando este reclamo”, concluyó.